AUNQUE no figuraba en el programa electoral para el 9-M, la ampliación de los supuestos de aborto se ha convertido en el gran proyecto del PSOE para los próximos meses, con un enfoque falsamente progresista. Después de haber lanzado varias veces un globo sonda, el reciente congreso federal se pronunció rotundamente al respecto y Rodríguez Zapatero ha encargado a la ministra de Igualdad que ponga en marcha la nueva ley, justificando así -en apariencia- la existencia de un departamento inútil y sin sentido. El objetivo político es ofrecer una imagen de supuesta modernidad a favor de los derechos de la mujer, al tiempo que se desvía la atención de la crisis económica y de otros muchos problemas que afectan al ciudadano. También se obliga al PP a entrar en un debate complejo, que el centro-derecha no debe eludir en nombre de un exceso de pragmatismo que conduzca a la pérdida de referencias morales.

Como es lógico, Bibiana Aído se ha apresurado con entusiasmo a poner en marcha el encargo. Con este fin ha designado por su cuenta una comisión de expertos cuya composición sesgada y partidista ofrece una perspectiva unilateral respecto de un asunto que exige múltiples matices. ABC analiza hoy con detalle la trayectoria de este grupo de asesores. Salta a la vista que, por una u otra razón, no son ni pueden ser independientes e imparciales. De los dieciséis miembros de la comisión, la mitad ostentan cargos públicos y están sujetos por tanto a las instrucciones de sus superiores en la jerarquía administrativa o en el partido. La otra mitad son juristas, médicos y otros profesionales alineados desde hace ya tiempo con las tesis más extremistas a favor del aborto, ya sea por planteamientos feministas, por afinidad ideológica al PSOE o por las dos cosas a la vez. Sus criterios sobre la necesidad de un cambio radical en la normativa vigente resultan ya bien conocidos, de tal manera que nada nuevo pueden aportar a la discusión. En el ámbito profesional se echa en falta la presencia de constitucionalistas capaces de analizar la jurisprudencia del TC sobre el derecho a la vida o de psicólogos que hayan trabajado con mujeres que han pasado por el duro trance de abortar. Por lo demás, es evidente que la decisión política está ya tomada: habrá ley de plazos o, en su caso, un cuarto supuesto que incorpore razones tan imprecisas como el «conflicto personal, social o familiar», en definitiva, una puerta abierta al aborto libre, puesto que la ley actual ya ha demostrado la laxitud en la interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados. Sea como fuere, los expertos convocados por Bibiana Aído sólo están ahí para «vestir el muñeco». La oposición tiene el deber de denunciar en sede parlamentaria esta pantomima y exigir que funcione en las Cámaras una subcomisión o ponencia que permita escuchar y valorar otros puntos de vista diferentes a los oficiales.

El aborto es un fracaso social y moral, y no puede presentarse como un triunfo para los derechos de la mujer. El Gobierno opta por un enfoque sectario que parece dispuesto a imponer de forma autoritaria a todos los trabajadores de la sanidad pública, ignorando el derecho de los médicos y otros profesionales sanitarios a la objeción de conciencia en un asunto de alta intensidad ética. Parece ahora que el Ejecutivo quiere también eludir la polémica social, presentando una perspectiva unilateral y obligatoria que reduzca al silencio a los disidentes. Si Rodríguez Zapatero ha tomado ya su decisión, las buenas prácticas democráticas exigen que se someta al debate político y al desgaste social derivado de una norma con la que tampoco están de acuerdo muchos votantes socialistas. Ocultarse bajo el manto de unos expertos seleccionados por sus vínculos directos o indirectos con el poder demuestra la falta de confianza en los propios argumentos. Eso sí, la maniobra es tan burda que está llamada al fracaso porque, a la vista de su composición, nadie prestará atención a los informes ya prejuzgados que emita la «comisión Aído».