Viernes, 12-09-08
P. A. ORTIZ
ALICANTE. El propietario de la promotora alicantina Riviera Coast Invest S. L., el francés Claude Roch Tabarot, y otros cinco miembros de la cúpula directiva de la compañía fueron detenidos en el aeropuerto de El Altet (Alicante) el pasado miércoles cuando se disponían a embarcar en un jet privado con destino a Marruecos tras la orden de detención preventiva que ese mismo día había emitido en este sentido el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Tal como recoge el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez ordenó la actuación policial por las sospechas de la existencia de una supuesta macroestafa inmobiliaria y de riesgo de fuga de los implicados. El presunto fraude ha afectado a más de medio centenar de personas, bancos y constructoras de toda España.
El «modus operandi» de la promotora, con sede en Alicante, consistía en ofrecer apartamentos a unos precios asequibles (la mayoría rondaban los 37.000 euros) y con una rentabilidad «garantizada». En este punto, Riviera Invest aseguraba unos beneficios de hasta el 7 por ciento por el alquiler de los apartamentos, una promesa «financiera» inédita en el sector que recuerda prácticas de empresas ahora clausuradas como Fórum Filatélico y Afinsa.
La compañía matriz, Riviera Coast Invest, suspendió pagos en julio, circunstancia que achacó a la «crisis inmobiliaria». En realidad, el concurso de acreedores afloró ante su incapacidad de hacer frente a varios años de promesas incumplidas, edificios no construidos y pagarés sin fondos.
Edificios que no se construían
La actividad de la empresa se inició a finales de 2005. En Málaga, y al igual que harían en el resto de promociones, empezaron a vender pisos bajo plano con la única condición de que la mitad del pago debería hacerse por adelantado. El edificio nunca se llegó a construir. No se pagó ni el solar.
Las correrías de Riviera Invest continuaron en Albolote (Granada) y Murcia. Ante las reclamaciones, la empresa ofreció una alternativa a los «propietarios» afectados: o recibían un pagaré (sin fondos) o se les entregaba en compensación un apartamento de un edificio que, esta vez sí, se estaba construyendo en Alicante.
Al finalizarse este complejo llegó una nueva sorpresa: pese a las promesas de que se retiraría «en breve», en la escritura de los pisos se les añadió el pago de la hipoteca que la compañía solicitó a los bancos para construir el edificio: cerca de 12 millones de euros a repartir a prorrateo. Poco después se supo que la mayor parte de las constructoras que trabajaron en la obra nunca recibieron un euro -quebraron varias- al igual que los bancos que financiaron el proyecto.
Sin margen de maniobra, solicitó el concurso de acreedores. Los afectados se asociaron y contactaron con la Brigada de Delitos Económicos en Madrid. Tras días de investigación, el 1 de septiembre los agentes entregaron el atestado al juez Pedraz.
Pero los afectados, a sabiendas de la existencia del jet, no esperaron a que el juez actuara: por turnos, esperaron en el aeropuerto alicantino para evitar la fuga de la cúpula directiva. Mientras tanto, alertaron a las autoridades sobre el riesgo de fuga de Claude Roch, quien decidió volar junto a la cúpula a Marruecos -donde se cree que oculta millones de euros- el día que el juez Pedraz ordenó su retención. Setenta estafados y decenas de policías lo evitaron.