Resulta muy justificado el malestar en el ámbito de las Fuerzas Armadas ante el desarrollo de la ley de la Carrera Militar impulsada por el Gobierno. Más de trescientos oficiales de la Armada han decidido acudir a los tribunales para impugnar la integración de escalas que cercena sus perspectivas profesionales al no tener en cuenta la antigüedad en el empleo. El Ministerio de Defensa pretende así impulsar la carrera de ciertos grupos con menor grado de formación que, previo un curso de adaptación, podrán situarse por delante de otros más y mejor preparados. Un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial que desarrolla -tardíamente- la ley es la vía elegida por un colectivo que se siente maltratado y desmotivado. Después de las cartas sobre sueldos e incluso de alguna manifestación contra la política de personal instaurada por sus antecesores, Carme Chacón deberían atender con urgencia una reivindicación justa y razonable.