M. J. P-B.

MADRID. La nueva subcomisión que se constituirá en el Congreso de los Diputados para acometer la revisión de la ley del aborto estará finalmente adscrita a la Comisión de Igualdad, y no a la de Justicia que tradicionalmente viene encargándose de este tipo de iniciativas. O por lo menos, así lo ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) que ayer registró en la Cámara Baja la solicitud para crear este grupo de trabajo, el cual se constituirá la próxima semana, según anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Explicó que ante él «comparecerán muchos expertos elegidos y designados por todos los grupos parlamentarios para garantizar la pluralidad».

Durante seis meses su principal tarea, indicó el GPS, será «estudiar una posible reforma de la legislación sobre el aborto, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de la mujeres y los profesionales, la equidad territorial y la prestación de este servicio en la sanidad pública».

Reacciones internacionales

Las recomendaciones finales de esta subcomisión completarán las conclusiones del comité de expertos constituido por el Gobierno en el seno del Ministerio de Igualdad y ambos informes servirán de base para la elaboración de una nueva ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo.

Como cabía esperar, la puesta en marcha de ambos grupos de trabajo para elaborar una nueva ley del aborto provocó ayer todo tipo de reacciones entre detractores y partidarios. Tanto diferentes asociaciones, como políticos, especialistas de la salud, etcétera, se pronunciaron sobre este asunto. Incluso el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y arzobispo de San Francisco, el cardenal William Levada, ofreció una opinión sobre esta cuestión. En un encuentro con periodistas en Santiago de Compostela, el cardenal Levada reconoció que la noticia sobre una nueva ley del aborto en España «entristece» y recordó que los obispos españoles lo ven «un documento autoritario». Para la máxima autoridad vaticana de Doctrina de la Iglesia este asunto «no es meramente político», sino que está en relación con lo cultural y «toca las raíces del género humano». Por ello, estimó que «merece un diálogo cordial y profundizar con una atención mayor sobre la cuestión de la vida y la fe».

Las críticas al comité de expertos formado por el Gobierno vinieron de la plataforma Acción Mundial de parlamentarios y gobernantes por la vida y la familia (hay 75 políticos españoles). En su opinión, se ha constituido un grupo de especialistas «sesgado», que no albergarán «un debate de verdad». Uno de sus representantes, el diputado del PP José Eugenio Azpiroz, consideró que se ha excluido la voz de colectivos en defensa de la vida. E incluso apuntó que tanto las conclusiones del comité de expertos de Igualdad como las de la subcomisión del Congreso están ya prácticamente redactadas, por lo que el debate se centrará sólo en el plazo máximo para poder practicar el aborto libremente y «sin causa» alguna.