Dos equipos paralelos, dos vías simultáneas de trabajo son la fórmula escogida por el Gobierno para elaborar «una ley nueva del aborto y no una reforma de la actual», como anunció ayer la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Sobre ella ha recaído el peso de la futura legislación y, de hecho, ella fue ayer la encargada de dar el primer paso para llegar a ese objetivo al constituir primero y presidir después la primera reunión del Comité de Expertos que el Ejecutivo ha elegido para abordar la futura regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

Todas las posibilidades parecen abiertas. Sin embargo, siempre se habla de una ley de plazos que permitiría abortar libremente durante las 12, 14 ó 16 primeras semanas de gestación. Es decir, no se precisaría ningún supuesto para practicar el aborto, ni sería necesario alegar causa alguna. Una de las opciones que anticipó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando en 37 Congreso del PSOE (el pasado julio) explicó que era necesario revisar la ley del aborto y otras leyes de plazos europeas para «incorporar las experiencias más innovadoras» en España.

A partir de esas primeras semanas, podría permitirse la interrupción del embarazo bajo determinadas causas como malformación del niño o riesgo para la salud de la madre.

Bajo el paraguas del Ministerio de Igualdad, dieciséis expertos -«de alto nivel científico e intelectual» como los calificó Aído- trabajarán a lo largo de los próximos seis meses para estudiar todas las posibilidades y trasladar al Gobierno un informe que será la base de la nueva ley del aborto. La intención es que en el primer semestre de 2009 el Ejecutivo disponga ya de un borrador de proyecto de ley que deberá seguir después su trámite parlamentario. Fuentes de Igualdad apuntaron que la norma podría entrar en vigor a finales de 2009 o principios de 2010.

En este elenco de expertos figuran profesionales de la Salud, sobre todo especialistas en Ginecología y Obstetricia, además de juristas y catedráticos en Derecho Penal. El Gobierno también tiene voz a través de técnicos y altos cargos de los ministerios de Igualdad, Presidencia, Justicia y Sanidad. Esta última cartera finalmente parece haber encontrado un hueco en la elaboración de la nueva legislación, tras dar salida en julio al Real Decreto que garantiza la confidencialidad de los datos de las mujeres que abortan.

Una de las tareas que abordará este equipo consiste en realizar un análisis de derecho comparado sobre las leyes de interrupción voluntaria del embarazo vigentes en los países de nuestro entorno y conocer toda la legislación que sobre este asunto existe en el mundo. Se trata «de hacer la mejor ley posible», dijo Aído. Y no aportó ninguna clave más sobre un posible contenido de la nueva normativa tras una rueda de prensa que duró poco más de 15 minutos. Sí mencionó que la ley del aborto que estar por venir deberá proteger los derechos fundamentales de las mujeres y de los profesionales que las atienden; que, además, tendrá que garantizar la equidad territorial y que se pretende llevar a cabo con el mayor consenso posible.

Quienes no formarán parte del equipo son las clínicas abortistas, algo que lamentó la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), aunque la ministra aseguró que «mantendrá contactos permanentes» con esta organización y con otras asociaciones de mujeres «para recabar opiniones y tenerlas informadas».

Posiblemente, estos otros interlocutores tengan su momento en la subcomisión que se constituirá en los próximos días en el Congreso de los Diputados para acometer también la revisión de la ley del aborto. Igualmente, trabajará durante seis meses, han apuntado fuentes del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), y se ocupará de revisar los sistemas normativos implantados en países europeos. Se trata de otro equipo paralelo y simultáneo que emitirá una serie de recomendaciones y propuestas legislativas para que el Gobierno prepare la nueva legislación.

Hoy habrá novedades

Esta subcomisión donde estarán representados los diferentes grupos parlamentarios escuchará a distintos expertos para elaborar su informe. Aunque el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, dijo que su grupo presentaría esta semana la solicitud para constituir este grupo, ayer por la tarde aún no se había registrado. No obstante, fuentes del GPS aseguraron que se está redactando el documento y que hoy o a principios de semana llegaría a la Mesa del Congreso. Falta por saber si esta subcomisión de trabajo se adscribirá a la Comisión de Igualdad o a la de Justicia (que tradicionalmente se encarga de estos asuntos). Fuentes socialistas apuntaron que hoy se conocerán más datos sobre su constitución.