Jueves, 04-09-08
ABC
MADRID. La mayoría de los partidos políticos criticaron ayer que el juez de la Audiencia de Sevilla Rafael Tirado, que no ejecutó la sentencia contra el presunto asesino de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, pueda ser sancionado sólo con una multa, tal como pide el instructor del caso nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le considera autor de una falta leve castigada con entre 300 y 3.000 euros. La Fiscalía, por su parte, discrepa y considera que el magistrado cometió una falta muy grave, que está sancionada, en su grado mayor, con la separación de la carrera judicial.
La polémica suscitada provocó ayer la intervención de los distintos partidos políticos. El Partido Popular, Izquierda Unida, el PNV y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) coincidieron en la necesidad de modernizar el denominado principio de responsabilidad judicial.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la primera en lanzar la propuesta de «poner encima de la mesa» esa modificación. El PNV consideró igualmente «manifiestamente insuficiente» la posible multa al juez y abogó por «retocar» el sistema disciplinario y sancionador en la futura Ley Orgánica del Poder Judicial.
IU también se sumó a estas protestas y su coordinador general, Gaspar Llamazares, tildó como «ridícula» esa posible sanción a Tirado y apostó por incluir sanciones «más relevantes» a los jueces. Por ello, pidió a la Comisión Disciplinaria del CGPJ que tenga en cuenta «otros agravantes» a la hora de emitir su resolución final y opte, por tanto, por imponerle una sanción por falta muy grave.
La líder de UPyD, Rosa Díez, reclamó también que los magistrados paguen sus errores «de manera proporcionada», aunque concluyó que este asunto es el resultado de que existan «políticos dedicados a repartirse el poder y algunos jueces dedicados a hacer política».
Por su parte, las asociaciones de jueces se mostraron también a favor de revisar el principio de responsabilidad judicial, pero matizaron que no debe hacerse al calor de un caso concreto sino que ha de llevarse a cabo con «responsabilidad» y después de un debate sobre lo que se debe modificar.