Jueves, 04-09-08
Los populares madrileños apostarán por la gestión privada en los servicios públicos dedicados a la Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Seguridad. La medida, según comentó ayer la viceconsejera de Economía, Eva Piera, está recogida en la ponencia económica, «Ideas para la Acción», que se presentará en el Congreso regional del PP dentro de dos semanas.
«Los datos -manifestó Piera- demuestran que la productividad de las empresas públicas es un 30% inferior a los servicios que presta el sector privado». De ahí su intención de potenciar fórmulas de colaboración de la iniciativa privada con la pública en la prestación de servicios como los citados, con el fin de conseguir más eficacia y calidad en los servicios públicos. Todo ello, sin olvidar la obligación de la administración de garantizar la prestación universal de dichos servicios.
Otras de las medidas estrellas que llevará la candidata a la reelección y presidenta regional, Esperanza Aguirre, y que será debatida en el cónclave madrileño por 2.500 compromisarios, es aplicar una medida para que los empresarios que quieran instalar sus negocios en la Comunidad de Madrid puedan acogerse a la normativa regional que les resulte más favorable a la hora de realizar sus trámites administrativos, aunque sea de otra región.
Atraer empresas
Ese es el objetivo de la bautizada «cláusula de la normativa autonómica más favorable», que no pretende más que atraer empresas a la región eliminando las barreras burocráticas.
Según explicaron ayer los autores de la ponencia en rueda de prensa, lo que esta iniciativa significa es que, si una empresa que quiere instalarse en Madrid encuentra que uno de los trámites legales necesarios es más ágil en otra región, el Gobierno regional madrileño se comprometerá a hacerlo en el mismo tiempo.
Este reconocimiento de otras legislaciones autonómicas sería «unilateral» y se aplicaría, tan sólo, al mercado de bienes y servicios. En caso de salir adelante, sería necesario complementar esta medida con una acción armonizadora del Estado, que tiene que asegurar la unidad del mercado, indicó la viceconsejera de Economía, Eva Piera -una de las autoras de la ponencia junto al alcalde de Tres Cantos, José Folgado y al alcalde de Torrejón, Pedro Rollán-.
La propuesta -que forma parte del programa con el que el PP de Madrid hará frente la situación económica- pretende, además, que ninguna empresa tenga que volver a pedir en la región madrileña un certificado o una autorización que ya le haya proporcionado otra distinta.
Piera agregó que la citada cláusula «no tratará de crear una guerra entre comunidades sino de eliminar trabas al libre establecimiento de empresas», informa Efe.
Otros de los aspectos que serán debatidos en el congreso regional del PP serán las mejoras fiscales, como la reducción generalizada del impuesto de sociedades, que plantearán al Gobierno central, así como el aumento de la deducción por compra de vivienda o la reducción de los impuestos aplicados a la rehabilitación.
En materia de suelo se centrarán en la liberalización de su gestión para generar confianza en el mercado inmobiliario e incentivar a la iniciativa privada, dejando a los poderes públicos un papel impulsor allí donde no lleguen los primeros. Y, en esta línea, propondrán el estudio de una nueva Ley de Suelo Industrial que haga atractiva la transformación del suelo inactivo de cualquier índole -privado o público- hacia actividades que atraigan proyectos de inversión logísticos, tecnológicos y económicos.
En el ámbito del mercado laboral se centran en la necesidad de reformarlo, previo consenso con los agentes sociales para que sea más competitivo.