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Agónico Tribunal Constitucional

EL Tribunal Constitucional sigue instalado en una situación de bloqueo que no tiene visos de resolverse a corto plazo. Su principal asunto jurisdiccional, los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, puede sufrir un retraso aún mayor que el que ya presenta si el PP y el PSOE acuerdan en las próximas semanas la renovación de cinco de los magistrados del TC. Supondría cambiar casi la mitad de sus componentes sin que exista posibilidad legal de que los nuevos magistrados queden vinculados a las deliberaciones ya cerradas de sus predecesores sobre los asuntos en trámite. Por tanto, en caso de producirse la renovación a corto plazo, los pronunciamientos del TC sobre el Estatuto de Cataluña podrían retrasarse de forma indefinida, hasta que los magistrados recién incorporados se pusieran al día con sus propias opiniones. Es más, sería inaceptable que un magistrado firmara una sentencia en la que se refleje el desenlace de deliberaciones en las que no ha participado.

El problema tampoco tiene alternativa fácil con el aplazamiento de la renovación de los cinco magistrados -cuatro salientes y uno fallecido- porque, aun cuando haya informaciones contradictorias sobre el estado de las discusiones internas en torno al Estatuto de Cataluña, todo apunta a que la sentencia sobre esta norma estatutaria no se va a dictar de forma inmediata, que sería lo deseable y lo responsable. Sólo si, como ha manifestado la presidente del TC, María Emilia Casas, se «imprime ritmo» a las deliberaciones, sería posible una decisión en los próximos meses y, en todo caso, antes de final de año. Lo que no tiene respuesta es por qué no se ha impuesto ritmo desde el principio a un asunto que es el más importante que tiene en sus manos el actual TC. Probablemente sea el más importante de la historia del TC. La tramitación de los recursos contra el Estatuto de Cataluña ha sido una sucesión de golpes a la estabilidad y el crédito del TC. Recusaciones, división interna, proliferación de votos particulares... Excelentes juristas se han visto inmersos en disputas que nada tienen que ver con las funciones jurisdiccionales para las que fueron designados en atención a sus méritos profesionales. Disputas, eso sí, alimentadas interesadamente desde la clase política y, especialmente, desde el Gobierno, que promovió una reforma alevosa del régimen de la presidencia del TC en beneficio de sus posiciones, lo que constituyó un punto de inflexión a la baja de esta institución.

La proximidad de la renovación de cinco magistrados es justamente un motivo de preocupación porque puede retrasar una decisión de la que depende algo mucho más importante que la financiación autonómica. De la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña dependerá, entre otros aspectos, la definición del Estado español, el concepto de nación y soberanía, la bilateralidad como modelo de relación entre el Estado y las autonomías, la fragmentación de la organización judicial y la existencia de derechos políticos especiales para los ciudadanos de una región. No es aceptable, sin embargo, que con prisas de última hora se dé a entender que la renovación tendrá la culpa del retraso en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, porque el TC ha dispuesto de dos años para resolver sus recursos de inconstitucionalidad.

El nuevo curso político está monopolizado por la primera onda expansiva del Estatuto, pues como tal puede describirse el enfrentamiento sobre la financiación autonómica, que ha sacado a relucir no meras diferencias de criterio sobre reparto de fondos, sino cuestiones de principio político, como la bilateralidad entre la Generalitat catalana y el Estado, con exclusión de las demás comunidades. La sentencia del TC urge, pero no ahora, sino desde hace mucho tiempo y su retraso está alimentando no sólo el desprestigio de la institución, sino también una grave inestabilidad política.

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