Garzón da el primer paso para elaborar un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo
El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dio hoy el primer paso para elaborar un gran censo nacional de desaparecidos a partir del denominado 'alzamiento nacional' del 18 de julio de 1936. En una providencia pide que elaboren listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo a instituciones como el Valle de los Caídos, la Delegación de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial (Madrid), el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa, la Conferencia Episcopal, los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, e incluso al rector de la Universidad de esta última ciudad.
Colaboración con la Conferencia Episcopal Española
En la providencia del juez Garzón, hecha pública hoy, requiere a la Conferencia Episcopal Española que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22. 827- que permitan el acceso de la Policía Judicial para que identifique, a través de los libreso de difuntos de los que dispongan, a posibles víctimas desaparecidas a partir del 'alzamiento nacional' que se produjo el 18 de julio de 1936 y que derivó en la Guerra Civil y, a partir de 1939, en 40 años de dictadura del general Francisco Franco.
También se dirige a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial (Madrid) para que proporcionen la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento". Del mismo modo, pide a los alcaldes de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, así como al rector de la Universidad de esta última ciudad, el nombre de las personas enterradas en las fosas comunes.
Controlar las exhumaciones
Garzón requiere a los consistorios para que informen sobre "las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos, la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público" y especifica que las fosas comunes se encuentran en los cementerios de San José (Granada) Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Además, solicita también al Centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
También solicita a Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron a partir del 'alzamiento nacional'. Por último, pide información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica y requiere a una de las partes personadas en el proceso que aporte "toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas" para que "puedan ser controladas" por su Juzgado, tanto en su ejecución como en su resultado.
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