LA comparecencia del vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, en el Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo en la negociación de la financiación autonómica, cumplió el propósito de desactivar un compromiso incómodo para Rodríguez Zapatero y ganar tiempo, aunque no se sepa bien para qué. Solbes fue rocoso en la reiteración de los mensajes ya conocidos. A eso fue al Congreso, pero al mismo tiempo que privaba de cualquier novedad al discurso del Gobierno, demostraba su incapacidad -la suya y del equipo al que pertenece- para ofrecer alternativas al laberinto creado por el jefe del Ejecutivo con el Estatuto de Cataluña. La cuestión principal sobre la que gira la financiación autonómica no es de cifras ni de criterios de reparto, sino estrictamente política, porque se refiere a la alteración del modelo de Estado. Más bien habría que hablar de sustitución del modelo autonómico del Estado por otro de tipo confederal, a partir un estatuto autonómico -no de una reforma constitucional- que implanta una relación bilateral entre el Estado y Cataluña. Por eso, Solbes no aportó nada nuevo salvo la certificación de que los temores por la incidencia del Estatuto catalán en las políticas de cohesión y solidaridad no sólo eran ciertos, sino que se quedaban cortos. Si fuera sólo problema de dinero, la solución sería más sencilla. Pero tras las reivindicaciones financieras está la nueva relación singular entre el Estado y Cataluña, ese experimento del que tanto Zapatero como el resto del Gobierno eran muy conscientes cuando dieron su visto bueno al Estatuto catalán.

Ahora, el Gobierno se comporta como si el presidente del Gobierno no hubiera asumido compromisos políticos con los partidos catalanes y como si no hubiera un Estatuto que establece, para perjuicio del conjunto de España, una relación diferenciada entre el Estado y Cataluña. La bilateralidad que defienden los nacionalistas catalanes no es un invento. Es el precio que gustosamente pagó Rodríguez Zapatero para asegurarse el apoyo político de los partidos catalanes nacionalistas. El problema se lo encuentra ahora, cuando tiene que poner sobre el papel las consecuencias del nuevo modelo de Estado, algo que sobrepasa la representatividad política de Solbes, y emplaza de lleno al jefe del Ejecutivo. Es evidente que, aisladas de este contexto, las apelaciones del vicepresidente económico al pacto multilateral, a la solidaridad y a la última palabra del Estado en caso de que no haya acuerdos, son perfectamente defendibles y plausibles. Pero tienen un contexto que no se puede eludir y que hace que resulten contradictorias con las decisiones políticas tomadas por su propio Gobierno, con las que se ha hecho una derogación del Estado autonómico en Cataluña. Solbes se equivoca: con el Estatuto de Cataluña, el Estado no tiene ya la última palabra y es precisamente lo que con tan airada insistencia están recordando continuamente el tripartito catalán y CiU.

No ha hecho falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el Estatuto de Cataluña para que afloren sus incompatibilidades con el modelo de Estado unitario, basado en la solidaridad y la igualdad. Ya está demostrada la inconstitucionalidad de facto del Estatuto, en la medida en que su sistema de financiación no encaja en la estructura constitucional del Estado de las autonomías. Cuando el PSOE caricaturizaba las críticas del PP y de expertos constitucionalistas poniendo en su boca el tosco argumento de que «España se rompe», estaba queriendo obviar el riesgo cierto que ahora se está produciendo. España no se rompe, pero su Estado está sufriendo una desaceleración política evidente, alimentada por la nula visión nacional de las decisiones de Zapatero en la anterior legislatura. El Gobierno vive al día. Su prioridad hasta el jueves pasado fue evitar que Rodríguez Zapatero diera cuenta de su responsabilidad política por impulsar un cambio de Estado que está dañando gravemente la estabilidad institucional y el sentimiento de solidaridad nacional. El problema de Zapatero es que no podrá garantizarse permanentemente la impunidad política que pretende.