ABC El alcalde de Elche, Alejandro Soler, durante un pleno municipal
Domingo, 24-08-08
El alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler, ha dado un nuevo giro a su política económica al frente del Ayuntamiento, que cada día se distancia más de la que llevó a cabo su predecesor, el ex presidente del PSPV Diego Maciá.
Según explicaron fuentes municipales, Soler acaba de modificar el funcionamiento interno de las distintas áreas municipales, para vetar el acceso de los funcionarios a la información contable del Consistorio. Así, los empleados municipales ya no pueden acceder, como hasta la fecha, al estado de sus respectivos presupuestos.
En adelante, para obtener una información que hasta el momento era accesible para todos los funcionarios dentro de su respectivo departamento, los interesados tendrán que superar un filtro, según explicaron las mismas fuentes. Así, para conocer el estado contable los empleados tendrán que solicitar el acceso a Tesorería, que a su vez consultará con Alcaldía para autorizar así dicho acceso.
De esta forma, al recorte de la transparencia interna en la gestión se suma el entorpecimiento de la labor de los empleados, dado que se aumentan los trámites necesarios para conocer la citada información.
La decisión del alcalde ilicitano no se explica, según señalaron dichas fuentes, por una estrategia ideada para mejorar la gestión del Ayuntamiento, sino que se habría tomado para dificultar el acceso del personal a la información económica.
En este sentido, resulta llamativo que el primer edil adopte esta decisión de forma repentina, cuando ya ha transcurrido más de un año del inicio de la legislatura.
La gestión de los recursos municipales ha sido objeto de no pocas controversias en este periodo: al elevado gasto en personal de confianza -que ya triplica el desembolso realizado por Maciá en su último año como alcalde-, especialmente en el área que dirige la ex concejal de EU Ángeles Candela, se suman en los últimos meses pagos millonarios por errores o modificaciones de proyectos, además de indemnizaciones -la más gravosa, la relativa a la expropiación de suelo para la Universidad Miguel Hernández-.
En este sentido, cabe recordar el sobrecoste de un millón de euros en el centro cultural del Matadero, un proyecto que vio modificado al alza por dos veces el presupuesto inicial aprobado por el anterior munícipe. Asimismo, el Ayuntamiento también pagó varios miles de euros por un plan urbanístico que posteriormente fue anulado para iniciarse desde cero.
Hace unos meses, de hecho, Elche se vio obligado a solicitar un crédito de catorce millones de euros, después de quedar desierta una subasta de suelo municipal con la que pretendía obtener liquidez, tal como desveló ABC en su momento.
«Oscurantismo»
La última decisión adoptada por Soler se suma a una batería de medidas de funcionamiento interno que dificultan el acceso a la información del Consistorio, especialmente para la oposición.
El PP, de hecho, ha criticado en varias ocasiones a lo largo de la legislatura el «oscurantismo» del que, a su juicio, hace gala el primer edil de la ciudad.
A la falta de respuesta a los requerimientos de la oposición se suma, según fuentes populares, el excesivo tiempo que transcurre desde que se celebra una junta de gobierno local hasta que su contenido es trasladado a su grupo, que puede superar los quince días.