El Estado deberá pagar 260 millones a las víctimas del 11-M en año y medio

18/08/2008
Actualizado a las 12:26h.

Una vez que la Audiencia Nacional declare firme la sentencia del 11-M y certifique la insolvencia de los yihadistas condenados (circunstancia que está al caer, antes del otoño), el Estado tendrá que hacer frente al pago de unos 260 millones de euros a más de dos mil víctimas de los salvajes atentados, según se desprende de la suma de las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil establecidas por el fallo judicial definitivo emitido por el Tribunal Supremo.

En total, la cantidad fijada por la Justicia para resarcir a las víctimas suma unos 330 mi-llones de euros, aunque a ese montante hay que restarle los casi 70 millones que la Admi-nistración ha ido adelantando a quienes sufrieron los atenta-dos, según lo establecido en la Ley de Solidaridad de 1999. Co-mo referencia cuantitativa, los brutales ataques del ll-M costa-rán a las arcas públicas treinta millones de euros más que, por ejemplo, el plan de compra de suelo recién anunciado por el Gobierno y evaluado en 300 millones.

Crédito en los Presupuestos

También da idea de la dimen-sión económica de la sentencia el hecho de que hasta la fecha el Estado lleva pagados 430 mi-llones de euros en indemniza-ciones como resultado de cua-tro décadas de actividad terro-rista, según datos de la Funda-ción Víctimas del Terrorismo (FVT), y se enfrenta ahora de golpe a abonar 260 más, obliga-ción que, según las fuentes con-sultadas por ABC, se tendrá además que satisfacer en sólo dos ejercicios: desde ahora hasta final de año y a lo largo de 2009. Los afectados disponen de un plazo de seis meses para presentar las solicitudes que, según el director general de Atención a las Víctimas del Te-rrorismo, José Manuel Rodrí-guez Uribes, se tramitarán «conforme lleguen». Esa obli-gación, que implicará un in-gente trabajo burocrático, se saldará mediante la consigna-ción de un crédito en los Presu-puestos Generales del Estado, que se irá actualizando según las necesidades.

La cifra final rebasa amplí-simamente las estimaciones de la Dirección General de Atención a las Víctimas del Te-rrorismo del Ministerio del In-terior, porque la sentencia ha reconocido alrededor de sete-cientos beneficiarios más de los previamente contabilizados. Así, la Administración había atendido unas mil setecientas solicitudes (que habían dado lugar a más de cuatro mil expedientes) y ahora tendrá que dar salida a más de dos mil peticiones.

Ese llamativo incremento del número final de víctimas tiene explicación: en unos casos los afectados habían optado directamente por la vía judicial y no se habían dirigido a la Administración y en otros han sobrevenido situaciones (de estrés postraumático u otras secuelas) que no se manifestaron en un primer momento y que han dado lugar a bajas laborales prolongadas. Además, algunas personas no habían solicitado antes ayudas porque creyeron que las heridas leves sufridas no les daban derecho a ello. Un caso significativo reconocido por la sentencia y que no había figurado antes entre las víctimas es el de los vecinos de Leganés (dieciséis familias) cuyas viviendas quedaron destruidas por el suicidio de los terroristas cercados por la Policía.

Toda una demostración de que la «onda expansiva» invisi-ble de cualquier atentado tiene un alcance mucho mayor que el del mero enunciado del número de muertos y heridos: por ejemplo, en el reciente ataque a la casa cuartel de Legutiano en el que ETA asesinó al guardia civil Juan Manuel Piñuel, la Dirección de Víctimas ha tenido que abrir más de 50 expedientes, diez de ellos por casos de estrés postraumático.

Además, la sentencia definitiva del 11-M ha establecido una responsabilidad civil de 900.000 euros por cada uno de los 191 fallecidos, lo que obliga-rá a completar las ayudas adelantadas a las familias de acuerdo con la Lev de Solidaridad (entre 220.000 y 240.000 euros como anticipo por cada fallecido), montantes que se han quedado cortos ante lo dispuesto por el fallo judicial.

Solidaridad ciudadana

Además de la cobertura estatal, las víctimas del 11-M han podido acceder a prestaciones propiciadas por la enorme co-rriente de solidaridad que bro-tó tras los atentados. Así, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) creó un fondo de ayuda con aportaciones de las Cajas, empresas y particulares que logró reunir casi once millones de euros y que gestiona una unidad administradora fruto de un convenio entre la CECA y el Ministerio de Trabajo. Gracias a ese fondo, las víctimas (según un amplio criterio que incluye tanto a quienes son reconocidos como tales por el Ministerio del Interior como a otras personas vinculadas directamente con los fallecidos o heridos por razón de parentesco o convivencia) han podido acceder a diversas ayudas para descanso familiar, transporte, estudios o atención psicológica.