El golpe de Estado que ha depuesto al presidente mauritano, Sidi Ould Cheikh Abdallahi, y al primer ministro, Yahia Ould Ahmed El-Ouakef, representa el brusco final de una prometedora experiencia democrática en este paupérrimo país africano, lo que resulta lamentable desde cualquier punto de vista. Para España, la inestabilidad política en un país vecino y en el que tiene intereses -que van desde la pesca al control de los flujos de emigración irregular- es una mala noticia, porque muchas de nuestras políticas en la región del Norte de África exigen que allí se dé la mayor estabilidad posible para favorecer el necesario desarrollo económico de su sociedad. Un golpe de Estado es un gesto, esencialmente perverso, que destruye en unas horas la solidez de las mismas instituciones que, presuntamente, los golpistas pretenden defender, y es precisamente la debilidad de estas instituciones lo que impide el progreso en el Tercer Mundo. La comunidad internacional no debería aceptar estos hechos consumados, que sería tanto como dar por buenos todos los golpes de Estado del futuro. En el peor de los casos, la República Islámica de Mauritania podría convertirse en otro de los «estados fallidos» desde el que los terroristas tendrían a su alcance, entre otros objetivos, a Canarias. La mejor ayuda que se puede brindar a los mauritanos es exigir con firmeza, y en coordinación con nuestros aliados, el retorno a la normalidad institucional lo antes posible.