Solbes enciende a los partidos catalanes con su rechazo de la bilateralidad

Los partidos catalanes salieron ayer en tromba ante el «ataque» a uno de los pilares básicos del nuevo modelo, que ni estará listo el 9 de agosto, ni será bilateral, ni limitará la solidaridad a los servicios sociales básicos, según los avances lanzados desde el Ministerio. Mientras, la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, intentaba rebajar la tensión y se mostraba confiada en que se alcanzará un acuerdo en base a la propuesta de Solbes, que está «dentro del Estatuto».

CiU y los presupuestos

En este contexto, y por si había dudas de en qué bando se encuentra el PSC, los socialistas catalanes animaron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a pactar los próximos Presupuestos Generales con CiU. Y por supuesto, a incluir en el pacto la financiación. Pese a que se ha especulado en repetidas ocasiones sobre la incomodidad que provocaría en el PSC un pacto CiU-PSOE, su viceprimer secretario y portavoz, Miquel Iceta, abogó ayer por un acuerdo de estas características.

La clave está en que CiU no cerrará un pacto sobre los prespuestos al margen de la financiación, porque esto tendría un coste inasumible para los nacionalistas en Cataluña, lo que supone una presión añadida para el Gobierno. Zapatero tiene «siete problemas», ironizó el portavoz socialista en referencia a los siete escaños que separan al PSOE de la mayoría absoluta.

Desde CiU, sin embargo, insisten en su fidelidad al «frente catalán» pero advierten de que la clave de la negociación está en el PSC. El diputado nacionalista Francesc Homs -responsable de la negociación con el consejero de Economía, Antoni Castells, de una propuesta catalana de financiación- aseguró ayer que la federación «se mantiene firme» junto al tripartito en este asunto, tras unos días de dudas al respecto. Pero recordó que el único apoyo imprescindible para Zapatero es el de los 25 diputados del PSC. Saber qué harán esos diputados ante los presupuestos si no hay acuerdo en financiación «es la pregunta del millón», concluyó Homs.

El ministro «hooligan»

El diputado de CiU se mostró «sorprendido por la dinámica declarativa» del ministro Solbes, que consideró «más propia de un hooligan que del ministro de Economía». Homs lamentó que el vicepresidente del Gobierno se centre «en una visión partidista de las cosas» y advirtió que su empeño en responder al «frente catalán» en primera persona «ayuda poco al clima de entendimiento» necesario para llegar a un acuerdo.

Homs aseguró además que CiU teme que el PSOE esté dando largas a la negociación de la financiación confiando en que el Tribunal Constitucional «le solucione la papeleta» con un recorte del Estatut en el apartado de financiación. De hecho, Solbes ya ha advertido en diversas ocasiones en los últimos días que el Gobierno «debe cumplir el Estatuto, pero también la Constitución», lo que abona la sospecha de que el Ejecutivo cuenta con una sentencia que acabe, por ejemplo, con la bilateralidad consignada en el Estatuto catalán.

Eso explicaría, en su opinión, por qué el Gobierno ha cerrado ya las negociaciones hasta septiembre, tal y como dejó claro el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, tras la última reunión de la Comisión Mixta en Barcelona, omitiendo la fecha del 9 de agosto fijada por el Estatuto.

Así las cosas, el vicesecretario general de Coordinación Interna de ERC, Eduard López, acusó al ministro de Economíade «vulnerar el Estado de Derecho» al «negarse a cumplir en materia de financiación una ley plenamente vigente como es el Estatuto». El republicano advirtió sobre «las consecuencias que puede tener la actitud del ministro Solbes y del Gobierno» y consideró «preocupante para el Estado de Derecho que un ministro se niegue a cumplir la ley, y para más inri, que se niegue a cumplir el texto estatutario que su partido, el PSOE, pactó en La Moncloa y aprobó en el Congreso de los Diputados». Según el independentista, «la cuestión es ver ahora si el Gobierno tiene o no voluntad de poner fin a una de financiación que ahoga a la economía catalana».