LA salida de prisión del etarra De Juana Chaos ha provocado en la sociedad una comprensible resistencia o repulsa que, a su vez, ha estimulado un debate visceral sobre los límites de la pena. Desde diversos ámbitos, se ha reclamado la implantación de la cadena perpetua para criminales que, como De Juana, incorporan un profuso historial de sangre; reclamación que, hace apenas unos meses, también se solicitaba para los autores de crímenes sexuales especialmente repulsivos. Ambas reclamaciones, impulsadas en circunstancias que ponen a prueba nuestra ecuanimidad, amenazan con subvertir algunos principios jurídicos elementales y, sobre todo, con imponer criterios emotivos en la aplicación del Derecho que no harán, a la postre, sino encanallarnos.

Conviene recordar que nuestro orden jurídico es contrario, en su letra y en su espíritu, a la cadena perpetua. La implantación de esta pena exigiría la reforma de los preceptos más reforzados del texto constitucional. Tal reforma, naturalmente, es técnicamente posible; pero exige cauces legales costosísimos. Para evitar una situación tan comprometida (y para no ceder en conquistas humanas irrenunciables) se han impulsado reformas del Código Penal que amplían las condenas de aquellos delitos que el legislador considera especialmente lesivos. Y en esta misma línea de reforzamiento de nuestro sistema punitivo deben incluirse interpretaciones jurisprudenciales tan novedosas como la llamada «doctrina Parot», que evitan que criminales a quienes no podía aplicarse este agravamiento de las penas -en virtud del principio de irretroactividad de las normas- puedan acogerse a beneficios penitenciarios que nuestra sensibilidad repudia.

Estas reformas legislativas e interpretaciones jurisprudenciales han contribuido a subsanar los errores de nuestra legislación, reforzando el castigo que merecen crímenes especialmente execrables. La implantación de la cadena perpetua desvirtuaría la naturaleza de nuestro sistema punitivo: desde el momento en que un criminal es considerado a priori irrecuperable, se niega la función regeneradora de la pena; y, desde el momento en que se acepta que una pena no posee (junto a la elemental función punitiva) una función regeneradora, se está aceptando tácitamente que la vida de un criminal es plenamente disponible. Aceptar la cadena perpetua constituye una aceptación tácita de la pena de muerte; pues, cuando se asume que una vida es plenamente disponible, lo mismo da privarla de libertad hasta su consunción física que abreviarla. Los defensores de la cadena perpetua también fundamentan su reclamación en una suerte de «asunción solidaria» del dolor que a las víctimas les ha infligido el criminal; este fundamento emotivo es obscenamente demagógico, pues la función de la pena de privación de libertad es de «retribución social», en modo alguno de «retribución personal». Un sistema punitivo que tratase de retribuir personalmente a las víctimas acabaría aceptando, tarde o temprano, la venganza; o siquiera asumiendo que la razón de la pena es la devolución del daño causado. A las víctimas de un crimen la sociedad -y las instituciones que la representan- debe resarcirlas moralmente, acompañando su dolor y aportando lenitivos que lo hagan menos aflictivo. Esforcémonos porque ese resarcimiento moral sea cada vez más efectivo, exijamos a nuestros representantes políticos diligencia y celo en su satisfacción (evitando, por ejemplo, que las víctimas tengan que aceptar la vecindad del criminal); pero pretender que tal resarcimiento se obtenga a través de una privación perpetua de libertad es un dislate, por mucho que se enmascare de humanitarismo. El dolor de las víctimas no se sana así; más bien creo que se exacerba, al hacerles creer que una retribución personal del daño que se les ha infligido es posible. La única retribución plenamente satisfactoria para las víctimas sería la restitución del ser querido que la insania criminal les arrebató; pero tal retribución no está a nuestro alcance. Procurar esa satisfacción mediante la disponibilidad plena de la vida del delincuente sólo contribuye a encanallar nuestra humanidad.

Soy de los que creen que hay conquistas humanas irrenunciables. Ceder en tales conquistas nos aproxima peligrosamente al criminal que dispone de nuestras vidas.

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