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La Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo presenta las alegaciones para ilegalizar ANV y PCTV

Tras las alegaciones de la Abogacía del Estado y los dos partidos, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra en torno al 15 de septiembre, cuando se abra el Año Judicial

La alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro (ANV), aplaudida hace pocos días por algunos de sus vecinos después de ser excarcelada tras pago de una fianza. /EFE

El trámite para la posible ilegalización de las formaciones políticas ANV (Acción Nacionalista Vasca) y PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas, o EHAK, en euskera) sigue sus pasos, y la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo ha presentado hoy ante la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo dos escritos de alegaciones en los que solicita la declaración de ilegalidad de ambas.

Considera el organismo que estos dos partidos legitiman a ETA, al igual que el ex preso Iñaki de Juana Chaos -lo que le ha valido la apertura de una investigación por parte de la Audiencia Nacional- y han prestado "asistencia financiera" a la ya ilegal Batasuna. Es decir, que han incurrido en las causas previstas en la Ley de Partidos Políticos, por lo que deberían ser ilegalizados.

El procedimiento será resuelto a mediados de septiembre, coincidiendo con la fecha de Apertura del Año Judicial prevista para el día 15 de ese mes. Ahora, la Abogacía del Estado tendrá de plazo hasta el próximo 7 de agosto para presentar sus alegaciones. Después se abrirán otros 20 días de plazo para dar vista de las pruebas a los partidos políticos demandados, que podrán presentar sus escritos hasta el 28 de agosto.

Durante 98 páginas (en el caso de ANV) y 88 (en el de PCTV), el Ministerio Público argumenta sus conclusiones.

ANV va extremando su actitud

Según la Fiscalía, ANV mantuvo "una inicial ambigüedad calculada" en relación con la banda terrorista ETA, aunque posteriormente desarrolló "una estrategia global de colaboración" con la ilegal Batasuna. Esto último terminó plasmándose en "una total subordinación a sus directrices y objetivos, incluido el apoyo a la violencia" o su minimización,

Esto último se puso de manifiesto, según esta parte, en la negativa de los grupos municipales de Durango y Baracaldo (Vizcaya) a condenarla tras el atentado terrorista contra el cuartel de la Guardia Civil de la primera localidad, en agosto de 2007, y el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton (Francia), en diciembre de ese año.

ANV, siempre según la Fiscalía, prestó prestó "cobertura política" a Batasuna participando en "homenajes a varias acciones terroristas", en referencia a las manifestaciones de apoyo que la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Marian Beitialarrangoitia, dirigió a los etarras detenidos por atentar contra la T-4 de Barajas, o la creación en este municipio y Elorrio de "comisiones municipales de represaliados".

A estas circunstancias une la "colaboración habitual con eslóganes y carteles" en la Semana Grande de Bilbao, en la que ANV "asume e imita la simbología de Batasuna"; el apoyo a la estrategia diseñada por ETA para boicotear la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV) en el País Vasco; o la cesión de parte de sus listas electorales a candidatos de la formación ilegal en las elecciones municipales de 2007.

En relación con el apoyo económico a esta formación, la Fiscalía entiende que ha quedado "acreditada" durante la vista por haber “reiteradas pruebas de una estructura común con un sistema de caja única que incluso radicaba en la misma sede del PCTV, desde donde se llevaba la contabilidad de las tres organizaciones", afirma el escrito. Como ejemplo, refiere la existencia de documentos bancarios que demuestran que ANV pagó diversas facturas de actos políticos realizados por miembros de Batasuna.

Reuniones de Batasuna en sedes del PCTV

El Ministerio Público también encuentra "suficientemente acreditada" la colaboración habitual del PCTV con Batasuna, como demuestra el hecho de que en diversas ocasiones la Policía vigiló reuniones de miembros de la formación ilegal que se desarrollaron en la sede de este partido. Cuando la Policía procedió al registro de la sede del PCTV en Usúrbil (Guipúzcoa), las llaves del local estaban en poder de un miembro de la Mesa Nacional de Batasuna.

Tras indicar que también el PCTV participó en la estrategia contra la construcción del TAV, el informe del Ministerio Público destaca los vínculos económicos que esta formación mantenía con Batasuna. Entre ellos, destaca que 16 de sus 49 trabajadores a sueldo pertenecían a la Mesa Nacional del partido ilegalizado, y son sólo los casos más extremos.

De igual modo, sostiene que en la contabilidad del PCTV figuran diversas facturas de gastos realizados por miembros de Batasuna, así como el envío de dinero al extranjero mediante transferencias a personas del aparato internacional de la formación.

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