Jueves, 31-07-08
Han decidido llamarlas «viviendas libres de precio concertado». Se trata de pisos que los promotores no venden y que, a finales de este año, pueden llegar a 25.000. De momento, hay 15.000. La Comunidad ha sellado un acuerdo con todo el sector para sacar este «stock» al mercado. El comprador puede llegar a encontrarse con un descuento del 20 por ciento de su precio actual.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, firmó ayer un convenio con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), entidades financieras, notarios y registradores para favorecer la salida al mercado de ese «stock» de viviendas libres construidas en toda la región -capital incluida- que no encuentran comprador.
Los pisos que los constructores ofrezcan para esta iniciativa se ajustarán a un módulo cuyos precios oscilarán entre los 2.000 y los 3.200 euros por metro cuadrado, dependiendo de la zona o municipio en que se encuentren. Por lo tanto, para un piso de cien metros cuadrados el precio máximo de venta se moverá en una horquilla que va desde los 200.000 a los 320.000 euros.
Acuerdo para dos años
El convenio incluye, además, la fórmula de alquiler con opción a compra, con una renta máxima de entre 750 y 1.200 euros al mes.
Esperanza Aguirre explicó que, con dicho acuerdo, que tiene una vigencia de dos años, el Ejecutivo regional pretende «contribuir al mantenimiento de la actividad y el empleo en el sector inmobiliario y, al mismo tiempo, ofrecer a miles de familias madrileñas la oportunidad de acceder a una vivienda a precio asequible».
Compromisos para todos
Así, los pisos de nueva construcción que no hayan sido vendidos saldrán al mercado como «viviendas libres de precio concertado», una nueva tipología de vivienda libre a la que los promotores aplicarán una rebaja -se calcula que del 20 por ciento aproximadamente- en su precio actual para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellas.
El acuerdo establece una serie de compromisos para todas las partes implicadas. Por ejemplo, las entidades bancarias que se han sumado al acuerdo ofertarán productos preferentes a tipo variable y fijo para que los ciudadanos interesados en comprar estas viviendas en «stock» obtengan financiación suficiente para afrontar la compra.
Los notarios, por su parte, reducirán un 10 por ciento los aranceles y los registradores de la propiedad rebajarán un 50 por ciento el coste de las notas simples. Estos colegios profesionales velarán, además, por la transparencia de las operaciones de compra-venta, prestarán asesoramiento jurídico y realizarán un seguimiento estadístico de las mismas.
Plataforma en internet
La Comunidad de Madrid se compromete a dotar de la mayor claridad a esta acuerdo poniendo a disposición de los ciudadanos una plataforma en internet con toda la información relativa a las promociones que pasen a formar parte de esta oferta. Será a medida que los promotores vayan decidiendo cuáles de sus viviendas construidas y que no venden pasan al concepto de «viviendas libres de precio concertado» y, como es lógico, el barrio de Madrid o el municipio de la región donde se encuentran ubicadas.
Como indicamos, las «viviendas libres de precio concertado» estarán sujetas a un precio máximo de venta definido en función de la zona en que estén emplazadas. El cálculo del precio máximo se tendrá en cuenta sólo en los primeros cien metros cuadrados de cada vivienda, que podrán superar esta superficie.
Se han diseñado cuatro zonas. En la «A», el precio máximo por metro cuadrado será de 3.200 euros. En la zona «B», de 2.600 euros. En la zona «C» el metro cuadrado costará 2.300 euros y, por último, en la zona «D» el precio máximo será de 2.000 euros cada metro cuadrado.
Garajes y trasteros
En caso de existir garajes -de hasta 30 metros cuadrados- y trasteros -de hasta 10 metros cuadrados-, éstos no podrán superar el 45 por ciento del precio máximo por metro cuadrado de cada zona. En la presentación, ayer, del convenio, se insistió mucho en que en el precio final de este nuevo tipo de viviendas, se notará una rebaja del 20 por ciento respecto a los precios actuales del mercado.
La Comunidad de Madrid también ha tenido en cuenta el caso de aquellos madrileños que tengan dificultades para reunir una cierta cantidad con la que pagar la entrada del piso. En este punto, se ofrece la posibilidad de la fórmula del alquiler con opción a compra, «que tan buenos resultados ha dado en la región», dijo Esperanza Aguirre en el transcurso del acto.
Tres años para pensarlo
En este supuesto, la renta anual inicial equivaldrá al 4,5 por ciento del precio total de venta. Es decir, por una vivienda de cien metros cuadrados se pagará un alquiler mensual máximo de entre 750 y 1.200 euros, actualizable en función de la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Si a los tres años el inquilino ejerce el derecho a compra de la vivienda, el precio final de la misma será el fijado en el contrato inicial actualizado en función del precio básico nacional de vivienda protegida. A este precio final se le restará el 50 por ciento de las rentas pagadas a lo largo de este periodo.
«La crisis económica -dijo Esperanza Aguirre- ha sido, y seguirá siendo, muy dura con la construcción. En los últimos cuatro años, el Gobierno de la Nación ha seguido inercias anteriores pero no ha sabido liberalizar el mercado».
«El resultado -añadió- está en la falta de confianza de las familias, el encarecimiento de las hipotecas y las dificultades para financiar una vivienda. Es cierto que la venta ha disminuido una media del 27 por ciento. Pero es que en el último mes, esa disminución ya se ha situado en el 34 por ciento».
«Yo, que soy liberal, creo en el instinto de ajustes del propio mercado pero también considero que las Administraciones tienen que facilitar ese proceso de ajuste», concluyó la presidenta regional.
Líder en protección
Desde el Ejecutivo regional se recordó en el acto de ayer que la Comunidad de Madrid «es líder» en promoción de vivienda protegida por quinto año consecutivo. El pasado año se iniciaron, en la Comunidad de Madrid, 23.000 viviendas con algún tipo de protección pública y se entregaron 20.100 pisos, «más que en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura juntas», precisó Esperanza Aguirre.